Exposición
Cuatro meses después del Consejo Europeo de Colonia, fue en Tampere (Finlandia) donde finalmente se definieron los métodos de trabajo específicos y la composición precisa del grupo de trabajo encargado de redactar un borrador del texto que contuviera los derechos fundamentales. Fue un acontecimiento histórico: por primera vez, diputados europeos colaborarían con diputados nacionales, con representantes de los jefes de Estado y con la Comisión Europea para elaborar un texto de carácter constitucional.
Los sesenta y dos participantes empezaron a trabajar en Bruselas el 17 de diciembre de 1999. A petición de varios diputados europeos, muy pronto se dieron el nombre más simbólico de «Convención». La Convención estaba compuesta por diputados al Parlamento Europeo (16) y delegados de los Parlamentos nacionales (dos por cada Estado miembro, es decir, 30 en total), así como por representantes gubernamentales (15 en aquel momento) y de la Comisión Europea (1). Además, también estuvieron presentes dos representantes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y dos representantes del Consejo de Europa, uno de ellos en nombre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, se estableció un diálogo con el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo. Por último, se invitó a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, a grupos sociales y a expertos a que contribuyeran a las deliberaciones.
La Convención estaba presidida por Roman Herzog, expresidente del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe y de la República Federal de Alemania, que fue quien lanzó la iniciativa. Contaba con la asistencia de un comité de redacción (Presídium) y se estableció una estrecha colaboración con el equipo de la Secretaría General del Consejo y con el grupo de trabajo interservicios creado específicamente para asistir a la delegación del Parlamento Europeo a lo largo de todo el proceso. La Convención y el Presídium empezaron a trabajar en las dependencias del Consejo. Pero el trabajo se llevó a cabo prácticamente en su totalidad en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo que facilitó considerablemente la tarea de los diputados europeos, que desempeñaban un papel principal en la elaboración de la Carta.
La heterogeneidad de los miembros de la Convención resultó ser un factor propicio al debate. Durante los nueve meses que duró el trabajo de la Convención, se estableció un diálogo sin precedentes con la sociedad civil a través de las contribuciones y las audiencias de varias decenas de organizaciones no gubernamentales. Desde el principio, la Convención decidió adoptar sus decisiones por consenso. La labor de la Convención era especialmente transparente, ya que sus sesiones eran públicas y todos los documentos preparatorios se pusieron a disposición del público de forma gratuita en internet, en una página web específica.